Honduras conserva una mayoría de población rural, con una alta proporción de pobres. Entre ellos, uno de los segmentos más pobres son los pobladores rurales con poca o ninguna tierra y sin acceso a otros activos productivos^[1]. Muchos son arrendatarios precarios con muy pocos recursos para invertir, de modo que no pueden acumular capital para superar su estado de pobreza. El 70% de las propiedades (cerca de 225,000) tienen menos de 5 ha y representan alrededor del 10% de la tierra cultivada y un poco más del 1% de los agricultores (unos 3,500) poseen cerca del 25% de las tierras agrícolas^[2]. Los campesinos sin tierras (excluyendo a los obreros agrícolas empleados en el sector de agroexportación) junto con los minifundistas representan cerca del 50% de la población rural.

Un amplio segmento de la población rural vive a nivel de subsistencia, sobreexplotando los recursos naturales, especialmente los ubicados en zonas de ladera y de bosque, una de las principales causas del deterioro ambiental y vulnerabilidad a los fenómenos naturales extremos y que causa mayor riesgo de inseguridad alimentaria.

El Gobierno de Honduras ha ejecutado políticas y reformas económicas para contribuir a la reducción de la pobreza rural.  Estas políticas, como la Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP) y la Política Agroalimentaria, han sido consultadas con grupos multisectoriales y la sociedad civil y en ellas se ha enfatizado el papel estratégico del acceso a activos para promover el crecimiento “pro-pobre”.

En la década de los 90´s el gobierno inició una serie de reformas reconociendo el limitado impacto de la distribución de tierras bajo la reforma agraria en la reducción de la pobreza. En 1992 se aprueba la Ley de Modernización del Sector Agrícola (LMDSA) enfocada a: (i) eliminar subsidios y distorsiones en los créditos y precios; (ii) la titulación de tierras; (iii) reconocer los derechos privados, públicos y municipales en áreas forestales; (iv) crear un fondo de tierras e (v) incrementar el acceso al crédito rural. No todas las medidas fueron aplicadas. En años recientes el país ha realizado esfuerzos importantes para modernizar el sistema de administración de tierras, así como la titulación especialmente a grupos étnicos y se requerían acciones para brindar alternativas en el acceso a la tierra vía mercado. La aplicación de estas medidas no tuvo el impacto esperado en el campo ya que, entre otros aspectos, no fueron acompañadas con incentivos para facilitar las alianzas público – privadas.

La política agrícola centroamericana PACA (2008-2017), a la cual el gobierno se ha suscrito, reconoce la baja profundización de los servicios financieros, la necesidad de fortalecer capital humano y en general la necesidad de generación de empleo e incremento de los ingresos en el medio rural y menciona en sus áreas instrumentales la importancia de brindar un impulso a los mecanismos financieros que permitan aprovechar las oportunidades productivas existentes. La PACA resalta la importancia de la inversión privada en el medio rural para el crecimiento económico y el acceso a servicios financieros para pequeños productores como un mecanismo complementario de los recursos de inversión pública.

Estudios recientes (2009) realizados por el PACTA sobre la evolución del crédito agropecuario  muestran que durante el año 2008, instituciones financieras privadas (bancos privados y Cooperativas de Ahorro y Crédito) destinaron fondos para apoyar inversiones productivas en el medio rural por un monto de L. 6.51 miles de millones, distribuidos de la siguiente forma: bancos privados L. 5. 46 miles de millones; y CAC L. 1.05 miles de millones.  

En este contexto, la reducción de niveles de pobreza, el logro de la seguridad alimentaria, manejo sostenible de los recursos naturales y el crecimiento económico del sector rural constituyen una prioridad en la política económica y social del país. Así, el acceso y gestión de la tierra y otros activos productivos por parte de la población rural pobre se constituye en uno de los objetivos centrales de dicha política. Con el fin de consolidar la metodología de establecimiento de alianzas público – privadas con modelos de acceso y gestión de tierras por parte de pobladores rurales pobres a través de mecanismos de mercado, se propone la fase de consolidación del Programa de Acceso a la Tierra (PACTA)^[3], el cual se basa en el principio que el acceso a los activos productivos, incluyendo financiamiento, asistencia técnica, mercados y la tierra, constituyen la base para la reducción de la pobreza y creación de las condiciones de desarrollo en el medio rural de Honduras.

En ese sentido, reconociendo que el acceso a la tierra por si solo no es suficiente para lograr que la población rural pobre logre insertarse exitosamente al mercado, PACTA, además de facilitar el acceso a la tierra, dota a las familias participantes de los medios (capital de trabajo, capacitación, tecnología y asistencia en comercialización) para que puedan trabajarla de forma productiva y eficiente. De esta manera, el Proyecto contribuye a desarrollar la capacidad de las familias participantes para operar de forma competitiva en el mercado.

A diferencia de experiencias previas en programas de distribución de tierras para campesinos en la base de la pirámide, el Proyecto opera como facilitador entre la población objetivo, el Estado, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a fin de incentivar la participación de estos agentes en torno a los propósitos que se persiguen y movilizar los recursos financieros para apoyar la gestión de tierras.